Supongo que ya habréis oído hablar de la reforma de la administración local que tiene preparada el Gobierno de Mariano Rajoy. Una reforma local que, bajo el pretexto de la crisis, pretende dejar a los Ayuntamientos sin competencias ni autonomía de gestión. Ponen como excusa los sueldos de los políticos municipales, un argumento no solo populista, sino falso, ya que con las tablas salariales que aprueba esta ley son pocos los Alcaldes y Concejales que se tendrán que bajar el sueldo y muchos los que encuentran margen considerable de mejora. Además, los municipios que más déficit generan, los de las grandes ciudades, pueden mantener su amplia plantilla de asesores bien pagados. Por último, por si lo anterior no fuera suficiente, los pocos que tienen que bajarse el sueldo lo harán después de un período transitorio de cinco años, cuando es probable que ya sean otros los que ocupen el puesto. Sirva como ejemplo que en Lanjarón el Ayuntamiento se podría gastar más que ahora en sueldos políticos, si bien su reparto sería otro.
La reforma de la administración local que pretende llevar a cabo el Partido Popular solo busca que los Ayuntamientos no sean autónomos en sus decisiones, que los servicios se centralicen en las diputaciones para que así ganen volumen y sean más apetitosos para la privatización a favor de empresas privadas. ¿Cómo consiguen esto? Es sencillo.
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| Trabajadores de los Servicios Sociales protestan contra la reforma |
En primer lugar se les prohíbe a los Ayuntamientos la ejecución de ninguna política, de ningún proyecto de los que denominan de competencias impropias. ¿Cuáles son las competencias impropias? Aquellas que ya son competencia de otra administración, generalmente de la Comunidad Autónoma. Que Lanjarón quiere tener un Centro Infantil, o es de titularidad de la Junta de Andalucía o no lo tendrá. Que Lanjarón quiere tener un Pabellón Cubierto y actividades deportivas, tendrá que estar a la voluntad de la Junta de Andalucía. Que creemos interesante y útil que haya bibliotecas públicas en el medio rural para que los niños nacidos en él tengan las mimas oportunidades que los del medio urbano, pues ya sabemos que eso es competencia impropia de municipios con menos de cinco mil habitantes, así que bibliotecas cerradas si no viene la Junta de Andalucía a abrirlas todas.
Este planteamiento tiene varios perjuicios claros para los ciudadanos. El más evidente es una merma en la cantidad y calidad de servicios que se van a prestar. Por mucho que las Comunidades Autónomas quieran, no van a poder atender a todos los municipios en todos los servicios que se han implantado a demanda de los ciudadanos. Puede ser que haya quien me diga que si no es sostenible este nivel de servicios, no hay que prestarlos. Bajo mi punto de vista, lo que hay que hacer es buscar criterios de eficiencia, generar formulas de gestión responsable y obligar a la transparencia para que así los ciudadanos puedan, con su voto, premiar la buena gestión y castigar la gestión deficitaria y ruinosa de servicios públicos. Por poner solo unos ejemplos, ¿Alguien sabe cual es el coste del servicio de transporte gratuito que ha implantado nuestro Ayuntamiento? ¿Cuál es el beneficio directo o indirecto que aporta al municipio? ¿Sabemos que nos cuesta el pabellón y como lo financiamos? ¿Nos informa el Alcalde del estado de cuentas de la piscina municipal? Si no conocemos estos datos, difícilmente podremos evaluar la necesidad o no de estos servicios, si no se rinden cuentas ni ante el Pleno ni ante a ciudadanía, difícilmente los ciudadanos podremos valorar que servicios queremos, cuales necesitamos y cuales nos podemos permitir; y será imposible saber si la gestión económica de esos servicios es mejorable o no.
Una vez eliminadas las competencias impropias del ámbito de gestión de los Ayuntamientos, una vez que solo nos quedan las competencias propias que en el caso de Lanjarón, pueblo inferior a los cinco mil habitantes, serían: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas; el gobierno de la nación toma una segunda medida para que ni tan siquiera en estas los Ayuntamientos tengan autonomía. ¿Cómo lo hace? El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas define un coste estándar para la prestación de cada uno de estos servicios y a aquel Ayuntamiento que supere, por las razones que fuera, dicho coste estándar, se le arrebatan las competencias y se las gestiona la Diputación. Así de sencillo. Nada sabemos de los criterios por los que se fijará el coste estándar.
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| Concejales Socialistas de Lanjarón Protestando contra la Reforma de la Administración Local |
Para mí está bastante claro que si sale adelante esta reforma de la administración local, nuestros Ayuntamientos van a quedar vacíos de contenido, nuestros Alcaldes van a ser personas sin capacidad de gestión alguna, serán meras ventanillas de reclamaciones de las competencias que ejercerán en su municipio otras administraciones, donde tengan esa “suerte” porque mucho dudo yo que las administraciones superiores puedan asumir todas las competencias que realizan nuestros Ayuntamientos como administración mas cercana. Competencias y servicios que, en la mayoría de los casos, se prestan con calidad y de forma económica, no olvidemos que, por mucha mala fama que se les de, el déficit de la administración local en España es mucho menor que el del Gobierno Central y el de las Comunidades Autónomas, además, el déficit de los Ayuntamientos está generado en su mayor parte por los cuatro mas grandes del país, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Poco déficit se corrige quitándole a los pequeños Ayuntamientos su capacidad de solucionar de forma directa los problemas de sus vecinos.
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| Responsables del PSOE de la Provincia de Granada haciendo llegar al Gobierno Central un documento contra esta reforma |
Si esta reforma sale adelante, la democracia en el ámbito local quedará anulada pues las personas que nos presentemos a las elecciones no podremos ofrecer nada a los ciudadanos, los vecinos no podrán evaluar la gestión de los gobernantes locales porque esta va a ser nula. Los vecinos de los pueblos no van a poder decidir que servicios quieren que les preste su Ayuntamiento, no van a poder decidir que presión fiscal están dispuestos a asumir para tener esos servicios, no van poder decidir cuanto y como están dispuestos a pagar por ello, no van a poder recurrir a su Ayuntamiento ante situaciones de desempleo y otras necesidades sociales porque Montoro y Rajoy han decidido por todos nosotros que eso no es tema de los Ayuntamientos. A partir de ahora, quien necesite ayuda tendrá que ir a las Diputaciones a pedirla. Una locura.
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| El Ministro Montoro durante la presentación de la Reforma |
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